Cuando llegué a esa comunidad, lo primero que me llamó la atención fue la fachada. Desconchada, con manchas de humedad que habían dejado regueros oscuros bajo las ventanas, con zonas donde el revoco había caído directamente dejando el hormigón a la vista. Le pregunté al presidente cuándo era la última vez que se había pintado. “Nunca desde que yo soy presidente”, dijo. Llevaba catorce años en el cargo.
Once veces que la junta dijo que no
Revisé las actas. Desde el año anterior a que yo tomara la gestión, el punto de pintura de fachada había aparecido en once juntas ordinarias consecutivas. En once ocasiones la propuesta había sido rechazada, siempre por el mismo motivo: el coste. La comunidad tenía veinte vecinos y el presupuesto más barato para pintura de fachada —sin contar los daños de reparación previos— era de 18.000 euros, lo que significaba 900 euros por vecino. Había un grupo de propietarios que votaba en contra sistemáticamente argumentando que era “demasiado caro” y que “todavía aguanta”. Aguantaba, técnicamente. Pero el agua llevaba años filtrando por las grietas del revoco y haciendo su trabajo en silencio.
El coste de esperar once años
Cuando por fin se aprobó la obra —por una mayoría ajustada tras presentar un informe técnico que alertaba de riesgo de desprendimientos— el presupuesto ya no era de 18.000 euros. Los daños en el hormigón requerían un saneamiento previo, reparación de armaduras oxidadas en dos zonas y un nuevo revoco antes de pintar. Total: 31.500 euros. Mil quinientos setenta y cinco por vecino. Los que votaron no durante once años para ahorrarse 900 euros acabaron pagando 675 euros más. Sin contar que durante esos años el edificio había estado perdiendo valor en el mercado y que uno de los pisos de la fachada norte tenía manchas de humedad en el dormitorio que el propietario había intentado solucionar con pintura antihumedad tres veces. La fachada es el abrigo del edificio. Cuando el abrigo tiene agujeros, el frío entra dentro.