El ascensor de un edificio que administro dejó de funcionar un martes. Avisé a la empresa de mantenimiento ese mismo día. Vinieron al día siguiente, diagnosticaron la avería —un microinterruptor de seguridad de la puerta que había dejado de funcionar— y dijeron que la pieza había que pedirla al fabricante. Hasta aquí, normal. Lo que no fue normal fue lo que pasó después.
Veintisiete días esperando una pieza de veinte euros
La pieza tardó veintisiete días en llegar. No porque viniera de otro país o fuera escasa: era un microinterruptor estándar de uso en ascensores de esa marca, disponible en varios distribuidores en España. Cuando, a los diez días, llamé a la empresa para preguntar por el estado, me dijeron que estaba “en proceso”. A los quince días, que “la fábrica tenía retraso”. A los veinte días, contraté a un técnico independiente para que diagnosticara el problema y me dijera qué pieza era exactamente: identificó el microinterruptor, buscó en tres distribuidores y encontró la pieza disponible en dos de ellos con entrega en 48 horas, a 22 euros. Pedí a la empresa de mantenimiento que lo confirmaran. Lo confirmaron. La pieza llegó dos días después.
El contrato de mantenimiento y lo que debería incluir
Veintiocho días sin ascensor en un edificio con personas mayores y familias con cochecitos de bebé. La empresa de mantenimiento tiene contratos que establecen tiempos máximos de reparación, pero muchos propietarios no leen esas cláusulas cuando firman. Lo que hay que revisar en el contrato: el tiempo máximo garantizado para tener el ascensor operativo tras una avería, y qué penalización aplica si no se cumple. Si el contrato no establece tiempos concretos, negocia que los incluya en la próxima renovación. Una empresa que tarda un mes en una pieza de veinte euros sin penalización contractual no tiene incentivos para hacerlo más rápido.